Concluyó con éxito el curso dedicado a las políticas de integración de la Unión Europea

Ángel Pérez Pueyo, Director del Área de Extensión Universitaria de la Universidad de León, fue el encargado de la sesión de clausura.

Ángel Pérez Pueyo, Director del Área de Extensión Universitaria de la Universidad de León (ULE) clausuró el pasado jueves el curso de verano titulado ‘Status jurídico de los extranjeros en la Unión Europea y su implicación en las políticas de integración ¿Realidad o ficción?, que se desarrolló con gran éxito entre los días 19 y 22 en la Facultad de Derecho del Campus de Vegazana, con la participación de una treintena de alumnos.

Desde la dirección del seminario se entiende que se ha cumplido con el objetivo previsto, que no era otro que el de constituir un foro abierto de debate e intercambio de ideas en torno a un tema que está protagonizando con gran frecuencia las informaciones de los medios de comunicación.

Aurelia Álvarez que se ha ocupado, junto con la profesora de la UNED Marina Gómez Urrutia, de la dirección de este curso, expresó su satisfacción por haber contribuido con esta iniciativa a “favorecer el entendimiento y la comprensión acerca de la complejidad de factores que intervienen en el fenómeno migratorio”. También explicó que a lo largo de las jornadas se ha impulsado la reflexión sobre “la necesidad de revertir esa tensión en instrumentos concretos que permitan conciliar la transformación de la política migratoria, en especial la resolución de la crisis de los refugiados”.

Entre los temas que han sido debatidos en las diferentes ponencias y mesas redondas que formaban parte del programa se encontraban algunos de plena actualidad, como la entrada ilegal de inmigrantes, las ‘expulsiones exprés’, las dificultades de inserción laboral por la crisis económica, la diversidad religiosa, la mediación intercultural, etcétera, todo ello con el estudio de numerosos casos prácticos.

Además se ha contado con la participación de representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Tribunal Constitucional, el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, la Oficina del Defensor del Pueblo, y profesores de las universidades de León, Rey Juan Carlos (Madrid) y la UNED.